Diciembre 06, 2021

TC rechazó Ley Nº 31131 porque no cumplía el sentido de mantener el equilibrio presupuestario del Ejecutivo y sería más bien un perjuicio en general para la economía del país

Cada régimen tiene su propio estamento el decreto supremo 728 y el 276

LA NOTICIA:

El TC consideró que la Ley 31131, al ordenar la incorporación de los servidores del régimen CAS a los decretos legislativos 276 y 728, es inconstitucional por infringir las disposiciones de la Constitución.

Estas son las referidas a la prohibición de los congresistas de crear o aumentar gastos públicos (artículo 79), el principio de equilibrio presupuestal (artículo 78) y la competencia del Poder Ejecutivo para “administrar la hacienda pública” (artículo 118, inciso 17).

Para el TC, la Ley 31131 es inconstitucional pues no solo contribuye al tratamiento desarticulado y sin la debida planificación que todavía subsiste en la gestión de recursos humanos en el Estado, sino que, además, no ha tenido el respaldo del Poder Ejecutivo, que es el competente para diseñar y dirigir la política laboral pública, en ejercicio de su facultad de "dirigir la política general del Gobierno".

Asimismo, la Ley 31131 sacrifica la meritocracia ‒que el TC, en su sentencia 00025-2005-PI/TC, entiende como un principio basilar del acceso a la función pública‒, pues la incorporación de los trabajadores CAS a los regímenes de los decretos legislativos 276 o 728 podría realizarse con un estándar menor al normalmente exigido para acceder al empleo en el Sector Público.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sostuvo una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien realiza su primera visita oficial al Perú, desde que se inició el gobierno del presidente Pedro Castillo.

Contexto: En la reunión participaron los representantes de la OEA en Perú, Miguel Ángel Trinidad y su comitiva, así como el director de Organismos y Política Multilateral de la Cancillería, embajador Rolando Ruíz, y el representante del Perú en la OEA, embajador Harold Forsyth.

Luis Almagro tiene previsto reunirse con el presidente de la república, Pedro Castillo, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, en el Palacio de Torre Tagle.

Relevancia: Se busca realizar la suscripción de dos convenios para impulsar el desarrollo de las MIPYMES, y así lograr avanzar en la agenda interamericana de seguridad multidimensional.

Óscar Zea admite que participó de una reunión con el presidente Castillo en Breña: "Fue un tema sindical"

El parlamentario Óscar Zea dijo que esta reunión, ocurrida hace diez días en la casa de Breña, tuvo la presencia del presidente Pedro Castillo, congresistas de la facción magisterial y maestros de diferentes sindicatos.

El congresista de Perú Libre Óscar Zea dijo que tras el mensaje del presidente Pedro Castillo se corregirá el aspecto de mantener reuniones oficiales fuera de la sede de Palacio de Gobierno. Luego, el congresista reconoció que hace 10 días también acudió a la casa de Breña para mantener una reunión con el mandatario donde trató temas sindicales.

"Con todas estas observaciones, ya no tiene que repetirse esto [de las reuniones en Breña]", dijo.

Consultado si acudió también a reunirse con el presidente a la casa de Breña, el congresista reconoció que sí. "Fuimos hace 10 días para conversar. Han ido maestros de diferentes grupos, de Fenate Perú, del Frente Político", dijo.

Reuniones en Breña por asuntos sindicales

Consultado por la decisión de ir a Breña y no a Palacio para tratar estos asuntos, Zea respondió "porque era un tema sindical".

"El tema que se trató fue de unidad, porque el magisterio está dividido. El profesor [presidente] estaba preocupado. Se habló de unidad".

Zea dijo que la reunión fue en la tarde y que vio a medios de prensa fuera de la casa de Breña. "Hemos estado todos los congresistas y el único tema que se habló fue de la unidad, que el magisterio no tenía que estar divido, sino unido", dijo.

 

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó este miércoles a Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo titular como parte de un proceso disciplinario que se le inició por el caso en el que se investiga a la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Así lo determinaron por unanimidad los magistrados que integran el pleno de la JNJ: Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, Henry Ávila, Guillermo Thornberry y Aldo Vásquez Ríos.

El pasado 30 de septiembre el organismo constitucional autónomo dejó al voto el informe que proponía la destitución del ahora exfiscal, el cual fue presentado por la titular de la JNJ y encargada del caso, Inés Tello.

Faltas muy graves

Tras una sesión virtual, los integrantes del pleno de la JNJ concluyeron que Rodríguez Monteza incurrió en “faltas muy graves” por haber comunicado a miembros de dicha organización criminal que sus conversaciones eran interceptadas, como parte de una investigación fiscal.

Según precisaron, el exfiscal infringió los artículos 39, 47 y 50 de la Ley de Carrera Fiscal, incurriendo por ello en faltas muy graves.

Además, se probó la cercanía y confianza con los integrantes del caso ‘Los cuellos blancos del puerto’ como César Hinostroza, Walter Ríos, por haber asistido a eventos o reuniones de carácter social con dichos investigados.

Con esta decisión, el pleno también dispuso la cancelación del fiscal supremo y la inscripción de la decisión en el registro de magistrados destituidos. Además se comunicó la decisión a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, así como a la titular de la Corte Suprema, Elvia Barrios.

Congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País presentaron una moción para que la , explique en el Congreso los acuerdos que conllevaron al cierre de 4 proyectos mineros en Ayacucho.

 

Según la , la primera ministra también deberá explicar la posición del Gobierno respecto a su política de fomento de las inversiones, generación de empleo y estabilidad jurídica, económica y social en el país.

 

En los considerandos se afirma que las acciones de Vásquez Chuquilín “atentan contra la economía social de mercado” y sus declaraciones constituyen una “interferencia arbitraria del Estado y atentan contra la libre iniciativa privada”.

 

“Lo manifestado por la premier genera mayores conflictos sociales en la población, inestabilidad jurídica, política y económica en el país, que no contribuyen en nada a la paz y bienestar de la nación, menos aún en el actual contexto de crisis sanitaria a consecuencia del Covid-19″, dice el documento.

También se refiere que el accionar de la primera ministra constituiría un “acto ilegal y arbitrario” y advierte que el cierre de cuatro proyectos mineros generaría la pérdida de 6 mil puestos de trabajo directo y 48 mil puestos de trabajo indirectos.

 

Cabe indicar que la moción de orden del día está firmada por los congresistas Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).

 

La titular de la PCM pidió reprogramar la citación de hoy en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, donde iba a informar sobre el proceso de diálogo iniciado con la población de las provincias de Lucanas, Parinacocha y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho.

En dicho grupo de trabajo se le había solicitado dar detalles sobre la suscripción de un acta en el que se ratifica el cierre de las unidades mineras de Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada, establecidos y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

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