Octubre 04, 2022

PODER JUDICIAL APRUEBA ACCIÓN DE AMPARO Y ANULÓ CARNET DE VACUNACIÓN PARA TRABAJO PRESENCIAL

TRABAJADORES POR MANDATO JUDICIAL NO PUEDEN SER DESPEDIDOS NI OBLIGADOS POR SUS EMPLEADORES PÚBLICOS O PRIVADOS A PRESENTAR CARNET SANITARIO.
GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO, POBLADO DE MINISTROS INEPTOS EN TODOS LOS SECTORES, SUFREN NUEVA DERROTA.
LA NOTICIA:
Un vuelco total a las medidas para la vacunación obligatoria que llevan año y medio, se produjo recientemente. El Poder Judicial aprobó una acción de amparo contra el gobierno de Pedro Castillo, y anuló la dosis anticovid como requisito para ejercer el derecho al trabajo presencial.
«Se declara inaplicables a su favor el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM y sus normas modificatorias, y cualquiera otra norma de igual jerarquía que le impida ingresar a su centro de labores por no contar con su esquema de vacunación completa contra la covid-19», señaló el Tercer Juzgado Especializado en lo constitucional de Lima. 

Juez anula requisito de carné de vacunación

Trabajo presencial es derecho constitucional, resuelve. Gobierno gastó S/ 500 millones en dosis no aplicadas.

Un vuelco total a las medidas para la vacunación obligatoria que llevan año y medio, se produjo recientemente. El Poder Judicial aprobó una acción de amparo contra el gobierno de Pedro Castillo, y anuló la dosis anticovid como requisito para ejercer el derecho al trabajo presencial.

«Se declara inaplicables a su favor el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM y sus normas modificatorias, y cualquiera otra norma de igual jerarquía que le impida ingresar a su centro de labores por no contar con su esquema de vacunación completa contra la covid-19», señaló el Tercer Juzgado Especializado en lo constitucional de Lima.

Sienta precedente

Por aparente coincidencia, ayer también se conoció que casi once millones de dosis de Pfizer y de Moderna estarían a punto de caducar. Al mismo tiempo, se publicaba un nuevo decreto del Ministerio de Salud, para extender la vigencia de la emergencia sanitaria respecto a compras por adjudicación directa, como las realizadas a la familia del premier Aníbal Torres.

Pero tal vez el caso más emblemático es Sonia Estela Vásquez Gálvez. Ella trabaja para la Cuna Jardín “Santa Bernardita”, de la Ugel 03. En un acta, el Libro de Reclamaciones y una constatación policial, quedó confirmado que se le impedía hacer sus labores de limpieza por los mandatos del Poder Ejecutivo.

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