En el día límite para promulgar la autógrafa que modifica la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, el Ejecutivo decidió observarla. La propuesta fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 16 de diciembre, y establecía que toda reforma constitucional debería pasar primero por el Legislativo, poniendo un freno y regulaciones claras al ilegal referéndum que era impulsado por Perú Libre a fin de convocar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

Ayer, a través de un oficio enviado a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (AP), el presidente Pedro Castillo señaló que la propuesta “limita los derechos de participación ciudadana” y “restringe arbitrariamente el derecho al referéndum previsto en la Constitución”.

El jefe de Estado consideró que la autógrafa “contraviene” las competencias del Congreso dispuestas en la Carta Magna, así como “vulnera” el balance de poderes.