En 2020, actos de corrupción fueron equivalentes al 9.83% del presupuesto público. Exministro indicó que copamiento institucional del gobierno de Castillo traerá consecuencias.

El perjuicio generado por actos de corrupción e inconducta funcional en 2020 fue equivalente al 9.83% del presupuesto público a nivel nacional, según datos recopilados por el Observatorio del Bicentenario. Dicha proporción se incrementaría en los siguientes meses debido a los escándalos consecutivos del presidente Pedro Castillo y personas de su entorno cercano.

Así lo estimó el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, quien acotó que los efectos de la corrupción se arrastran desde gobiernos anteriores debido a que no se ha realizado –en los últimos 20 años– una reforma total en el aparato del Estado sobre temas de competencia, idoneidad y transparencia de funcionarios.

“El hecho de no tener cuadros idóneos en las instituciones sumado a la falta de automatización en proyectos que implican una gran inversión de dinero, todo eso ha sido caldo de cultivo para que la corrupción crezca y se vuelva notoria. Lo que vamos a ver ahora es un agravante de esta situación”, explicó a Perú21.

Castilla señaló que, al cruzar esa data con el conteo de obras paralizadas que registra la Contraloría General de la República, se observa que, en un 80%, la principal causa de paralizaciones de obras se debe a informes técnicos mal elaborados.

“Esto solo quiere decir una cosa, que el Estado está captando gente para que manejen presupuestos millonarios sin mayor conocimiento técnico, ello resulta en obras paralizadas. Si uno lo ata a la corrupción, se puede ver una tendencia en el país de aprobar proyectos muy pequeños, ¿por qué? porque la Contraloría no tiene la capacidad de auditar todos los proyectos, entonces, contra más pequeño y lejano esté ubicado el proyecto, menor “riesgo” de fiscalización se tiene”, indicó.

La confianza funcional

Desde el nombramiento del primer gabinete ministerial, el 29 de julio del año pasado, al presidente Pedro Castillo se le ha cuestionado la designación de funcionarios como Guido Bellido en el cargo de premier o el de Iber Maraví –quien tenía vínculos con el Movadef y Sendero Luminoso– en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.

También fueron observados por el ojo público el excanciller Héctor Béjar, quien fue forzado a presentar su renuncia al cargo por ofender públicamente a la Marina de Guerra del Perú, asegurando que esta institución “dio inicio al terrorismo”; y el exministro de Educación Carlos Gallardo, uno de los impulsores de la Fenatep, el sindicato de maestros fundado por Castillo en 2017.

Como ellos, otros nombres han ido preocupando a la población por su falta de idoneidad y capacidad para ejercer cargos públicos. Para Castilla, también líder del eje Reactivación Económica en Regiones de Propuestas del Bicentenario, esto se debería a que se ha malinterpretado el concepto de “cargo de confianza”.

“En el Estado siempre ha habido cargos de confianza. Por definición, confianza significa que debe tener las competencias necesarias para determinada posición, pero en este gobierno se ha malinterpretado este concepto, contratando a amigos de amigos del presidente, copando instituciones como Petroperú, donde era importante tener personas capacitadas. Se ha despedido a personal con conocimiento para poner a amigos, pronto veremos las consecuencias”, lamentó Castilla.

TENGA EN CUENTA

• El 17 de diciembre, la Procuraduría denunció ante la Fiscalía a Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en la adjudicación de una obra vial en la Amazonía.
• En represalia, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, pidió a la Contraloría adoptar acciones contra el procurador general Daniel Soria.
• Uno de los escándalos que envuelven a Castillo fueron las reuniones en la casa de Breña. La lista de visitantes no ha sido transparentada.