Sábado, 10 Abril 2021

VACUNAGATES: MINTIERON SOBRE LA CANTIDAD DE VACUNAS DE CORTESÍA DE CHINA QUE LLEGARON AL PERÚ

 

Un documento oficial de la Digemid descubre una primera falsedad sobre la cantidad de vacunas que habrían sido importados al Perú. Los rumores indican que accionistas de laboratorios, políticos y empresarios están en una segunda parte de la lista de beneficiados por las “vacunas de cortesía” que las autoridades intentan ocultar.

El jueves 18 pasado, el presidente Francisco Sagasti no pudo responder la pregunta de Fernando del Rincón, entrevistador de la cadena norteamericana CNN, quien, cifras en mano, le preguntó a boca de jarro por el destino 1 056 dosis cuyo paradero aún se desconoce.

El mandatario peruano se fue por la tangente y habló de los ensayos clínicos y el seguimiento estricto a los doce mil voluntarios. “Estamos investigando, hay una comisión investigadora. Mi gobierno se caracteriza por no lanzar hipótesis”, dijo, finalmente, luego de un largo rodeo. Pero no se trataría solo de las 1 056 dosis, cuyo paradero se desconoce aún, sino muchos más.

De acuerdo con la resolución directoral 7388-2020-DIGEMID-DPF, el 31 de agosto se autorizó la importación de un total de 28 200 dosis provenientes de Sinopharm, distribuidos de la siguiente manera: 8 200 dosis de vacunas activas desde Wuhan Institute of Biological Products Co., Ldt.; 11 800 vacunas también activas de Beijing Institute of Biological Products Co. M Ldt y 8 200 placebos de Wuhan Institute of Biological Products Co., Ldt.

Los placebos representan un tercio de las dosis que se emplean en los ensayos clínicos por lo que el total destinado para los 12 mil voluntarios de Sinopharm es de 24 600, cifra que incluye la merma usual contemplada para eventualidades.

El saldo que se quedó en poder de la UPCH para “libre disponibilidad” sería de 3 600 dosis y no 3 200, es decir, 400 más de lo que sostiene el doctor Germán Málaga, coordinador de las pruebas.

Si de ese grupo, 1 200 dosis fueron enviadas a la embajada China -una transferencia que también se debe de investigar- quedó en poder del instituto de investigación de la UPCH un total de 2 400 vacunas.

En la primera relación entregada al presidente Sagasti, al Congreso de la República y la Contraloría figuraban 487 personas con 15 nombres repetidos por lo que se colige que, en realidad, hubo 472 vacunados plenamente identificados hasta el momento, en quienes se habría sido usado 944 dosis.

Una simple resta (2 400-944) arroja como resultado que deberían existir 1 456 vacunas aún sin usar. Málaga ha insistido que en poder del UPCH existen solo 803 dosis guardadas que, además, nadie ha visto aún. ¿Y el resto? Se trata de 653 dosis adicionales que el investigador, ni ninguna otra autoridad mencionan. ¿Cuál ha sido el destino de esa cantidad de vacunas excedentes?

Ha pasado más de una semana desde que se hizo pública la denuncia sobre la vacunación secreta del expresidente Martín Vizcarra y 470 personas, entre funcionarios públicos, invitados y otros, pero nada se sabe del lote importante de vacunas que supuestamente deberían estar en poder de la Universidad Particular Cayetano Heredia (UPCH).

En los círculos médicos se habla de una lista adicional de vacunas VIP con gente vinculada a los grandes laboratorios que hace semanas, entre broma y broma, se jactaban de haber sido vacunados. También se especula que algunos otros conocidos empresarios de ascendencia china, periodistas y «opinólogos», recibieron la invitación para ser inmunizados con la vacuna de Sinopharm.

Sin embargo, el doctor Fernando Carbone, presidente de la comisión investigadora nombrada por el nuevo ministro Oscar Ugarte, negó la posibilidad de una segunda lista, pese a que inicialmente él mismo había revelado que existía, en función de la información que comenzaba a recibir ¿Alguien lo presionó para que modifique su relato?

Este repentino cambio de versión alimenta las suspicacias si se toma en cuenta que el doctor Málaga no dijo la verdad con relación al total de “vacunas de cortesía” que llegó al instituto de investigación de la UPCH. Existen muchas explicaciones pendientes.

El «vacunagate» ya arrasó con dos ministras y una decena de funcionarios públicos que se beneficiaron con estas vacunas VIP. Sin embargo, se percibe una demora sospechosa de las autoridades en la investigación.

Este caso solo sería la punta del iceberg de un escándalo de dimensiones incalculables de corrupción durante la pandemia que no solo incluiría la compra de vacunas contra la COVID-19, sino también la adquisición de las pruebas rápidas en marzo del año pasado.

Las pruebas rápidas

¿Por qué el gobierno utilizó este tipo de test que llevó a la muerte a tanta gente? Hay una historia detrás de esta decisión que Sucesos publicó el 18 de junio del año pasado, utilizando como base la denuncia que el excandidato presidencial Fernando Olivera lanzó en varios medios de comunicación.

La decisión de adoptar las pruebas rápidas como base de la estrategia de detección temprana del COVID-19 resultó sorpresiva porque durante las semanas previas solo se hablaba de las pruebas PCR en las propias normas legales y sanitarias oficiales peruanas.

El cambio fue anunciado por el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, en la conferencia de prensa del 19 de marzo cuando informó al país que el gobierno compraría un millón 400 mil kits serológicos.

Era una adquisición que contradecía el Plan Nacional aprobado el 31 de enero. Toda la normativa técnica y legal que se había dado hasta ese momento y las recomendaciones de los organismos internacionales mencionaban que el COVID-19 solo podía ser detectado por las pruebas moleculares ¿Qué hizo cambiar de estrategia al gobierno de la noche a la mañana?

El día anterior a la conferencia del mandatario, es decir el 18 de marzo, una inusual cita se llevó a cabo en el Ministerio de Economía y Finanzas. A la reunión asistieron la ministra María Antonieta Alva, un asesor suyo que es médico, la entonces ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, funcionarios del INS y representantes de seis proveedores de pruebas moleculares y rápidas.

Existe la delatadora fotografía de la pizarra que usaron para hacer las anotaciones y cálculos de las compras. La denuncia apareció en un reportaje de Cuarto Poder realizada por el periodista Daniel Yovera, pero el asunto quedó fue acallado por la vorágine de la pandemia que dejaba decenas de muertos cada día.

Luego se registraron una serie de acontecimientos extraños como la renuncia de la ministra Hinostroza que ocurrió el 20 de marzo y dos días después el desafuero del jefe del INS, Omar Trujillo, que solo tenía un mes en el cargo.

El mismo día de la renuncia de Hinostroza, el INS, con firma del mismísimo Trujillo, sacó cuatro apresurados requerimientos para la adquisición directa de un millón 400 mil pruebas rápidas, documento que llega a Perú Compras en cuestión de minutos.

Este caso, que se ha denominado “Vacunagate”, solo sería la punta del iceberg de un escándalo de dimensiones incalculables de corrupción durante la pandemia que no solo incluiría la compra de vacunas contra la COVID-19, sino también la adquisición de las pruebas rápidas al inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

El sustento técnico es desconocido y permanece bajo siete llaves y cuando Sucesos lo solicitó a través de las normas de transparencia, enviaron otros documentos. ¿Cómo hicieron para echar por tierra toda la normatividad sanitaria nacional e internacional que mencionaba las pruebas moleculares para cambiarlas por las rápidas?

Como en el caso de las vacunas con la COVID 19, se sabe que muchas otras ofertas de kits moleculares llegaron a los despachos del ministro de Salud, la presidencia del Consejo de Ministros y otras autoridades, pero fueron ignoradas o rechazadas sin explicación alguna.

El uso de las pruebas rápidas fue objetado por la propia Contraloría General de la República que el 27 de marzo emitió un informe preliminar que cuestiona el uso de las pruebas rápidas. “Las pruebas rápidas (…) según publicaciones de la OMS, no serían recomendables para la detección de casos en la fase inicial de la infección por coronavirus (…) en ese sentido podría determinar la presencia de casos con resultados falsos negativos”, dice el documento que hace también una serie de recomendaciones al INS.

Con todo lo detallado se colige que existe algún sospecho factor determinante que causó el abrupto cambio de la estrategia para la detección temprana del coronavirus que hasta la tercera semana de marzo estaba basada en las pruebas PCR. De pronto, el discurso cambió y las pruebas serológicas pasaron a ser las preferidas del gobierno.

Las escasas y burdas explicaciones ensayadas por algunas autoridades de salud sobre estas compras solo sirven para alimentar sospechas, sobre todo cuando se toma en cuenta que la mayoría de las pruebas que se han venido usando también son de procedencia china. Vaya casualidad.