Viernes, 07 Agosto 2020

VIZCARRA Y SU GOBIERNO REGALAN SOBERANÍA. ONGS COMUNISTAS BLOQUEARÍAN INVERSIONES MINERAS PARA FAVORECER A LOS SUYOS

¡¿QUÉ HAN HECHO?! REGALAN SOBERANÍA
CUANDO LA CABEZA NO CONOCE NI TIENE CRITERIO O NO SABE LO QUE HACE O LE INTERESA MÁS EL BILLETE QUE LA PATRIA, SE VENDE AL PAÍS.

El Perú perdería la soberanía del 53% de la Amazonía entregándose a un ente supranacional que definiría en última instancia cualquier conflicto ambiental en toda esta gran extensión territorial de selva, si el Congreso de la República decide ratificar la suscripción del Acuerdo de Escazú que sólo beneficiaría a las ONG que estuvieron detrás de este convenio.

Es decir, en términos prácticos el Perú mantiene para sí el área de 782,880.55 km2 que comprende toda la Amazonía peruana, pero “pierde el poder de mandar” sobre más de la mitad de este territorio, lo cual fomentaría el bloqueo de las inversiones mineras y en recursos naturales en favor de sectores radicales y de algunas ONG que serían los grandes beneficiados del acuerdo.

Asimismo, la ratificación del Acuerdo de Escazú firmado el 27 de septiembre de 2018 en la Asamblea General de las Naciones Unidas “relativizaría” lo que nunca debe pasar con la extensión más grande del país, es decir, se va a terminar sosteniendo que la Amazonía es “patrimonio común de la humanidad” como lo es la Antártida.

Así lo indicaron a EXPRESO, el ex vicepresidente del Perú, Francisco Tudela, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay y el ex titular del Parlamento, Luis Gonzales Posada (ver nota aparte), quienes indicaron que corresponde al Congreso “hacer un análisis exhaustivo” de dicho acuerdo y “exigir respuestas” al Ejecutivo sobre el peligro que acarrearía la suscripción de dicho acuerdo sobre la soberanía nacional.
bloqueo de las inversiones mineras y en recursos naturales. Agregó que los sectores comunistas y las ONG serían los grandes beneficiados del mencionado acuerdo.

Perú perdería soberanía del 53% de la Amazonía
Ex cancilleres y expertos refieren que dicho pacto pone en peligro el poder del Estado para decidir sobre asuntos internos referidos a conflictos ambientales para beneficio de ONG.